Algunos hechos sociales resultan indiferentes para el Estado: otros, sin embargo, no pueden o, al menos, no deben ser ignorados por aquellos que detentan la autoridad en la "cosa pública". Llevamos muchos siglos pensando -y no parece una mera coincidencia- que la organización de un Estado de Derecho descubre su razón de ser, entre otras razones, al garantizar un orden jurídico que proteja los derechos fundamentales de cada individuo y permita el desarrollo ético y material de personas y colectividades.